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Las Palmas de Gran Canaria, lunes 4 de noviembre de 2024.- Guaguas Municipales, en relación con las informaciones publicadas por las diligencias judiciales llevadas a cabo en base al informe del Tribunal de Cuentas, que fiscalizó de manera programada los contratos de 2021 a siete sociedades municipales que gestionan el transporte colectivo urbano de viajeros en Córdoba, Málaga, Madrid, Valencia, Palma, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria, quiere precisar lo siguiente:
1) Estas diligencias tienen su origen en una denuncia que forma parte de la normalidad dentro de las labores de control que efectúa el Tribunal de Cuentas que, en su informe, realizó una valoración positiva a nivel global. Asimismo, precisó que las empresas fiscalizadas se encontraban en 2021 “en proceso de adaptación de sus sistemas de contratación” a los nuevos procedimientos.
2) Que Guaguas Municipales presentó ante el juzgado un extenso informe jurídico relativo a la fiscalización realizada, dando una explicación detallada sobre cada uno de los contratos sobre los cuales el Tribunal de Cuentas ha basado su informe.
3) Se ha podido explicar en este informe jurídico que las contrataciones no solo obedecieron a la cobertura de necesidades básicas para la correcta prestación del servicio público, sino que además se ajustaron en origen al marco legal vigente en el momento de su contratación.
4) La Fiscalía solicitó la práctica de una prueba pericial a fin de corroborar lo manifestado en el informe remitido por Guaguas Municipales. Esta prueba pericial, emitida el pasado 2 de octubre, llegó a conclusiones que refuerzan la postura de Guaguas Municipales: a) No se detecta un uso ineficiente de los recursos de la empresa en 2021; b) No ha habido falta de transparencia y c) La ausencia de contratación de proveedores nuevos (bajo el nuevo marco legislativo) en 2021 no puede entenderse como indicio del delito de prevaricación administrativa.
5) Vistas las conclusiones de la prueba pericial, se ha solicitado al juzgado el archivo de las actuaciones, como ya ha sucedido con las empresas municipales de transporte de Sevilla y Valencia, donde los juzgados han procedido al archivo de la causa tras las denuncias y posteriores investigaciones.