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Lunes, 19 de junio de 2023
El Cuerpo General de la Policía Canaria y la Policía Local denuncian a una empresa turística por realizar macrovertidos sobre suelo protegido
Uno de los macrovertidos por el que ha sido denunciada la empresa turística
Se trata de un vertido en pleno cauce del barranco de San Lorenzo en Las Palmas de Gran Canaria y otro vertido en un espacio cercano a la playa de Vargas del municipio de Agüimes
De acuerdo con la investigación policial, los residuos proceden de una empresa turística que gestiona varios establecimientos hoteleros en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura
La sanción por los hechos denunciados podría alcanzar los 100.000 euros, además de la obligación de reponer el daño ambiental causado
Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria y de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria han denunciado al administrador de una cadena hotelera con establecimientos en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura como presunto autor de un macrovertido en el municipio de Agüimes y otro vertido en Las Palmas de Gran Canaria.
Se trata de una actuación conjunta desarrollada en el mes de abril por el Grupo Medioambiental (GRUMA) del Cuerpo General de la Policía Canaria y agentes del Grupo Ambiental de la Unidad de Mediación y Convivencia (UMEC) de la Policía Local capitalina dentro de las funciones de protección del medioambiente que ambos cuerpos de seguridad vienen realizando.
La investigación policial se inició en el mes de marzo, tras detectar un agente de la Policía Local que alguien había abandonado un total de 14 bañeras de fibra en pleno cauce del barranco de San Lorenzo en la capital grancanaria, una zona cuyo suelo está protegido por su valor agrario.
Junto a las bañeras, los agentes hallaron varios embalajes de un plato de ducha comercializado por una conocida empresa de venta de materiales para la construcción con sede en Las Palmas de Gran Canaria y en Telde, un vestigio que se convertiría en la pieza clave de la investigación.
La Policía Local solicitó a dicha empresa información acerca de los clientes que habían adquirido dicho producto en fecha recientes, hallando una compra de 25 platos de ducha por quien resultó ser administrador de una conocida empresa turística con hoteles en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.
Bajo la sospecha de que las bañeras abandonadas pudieran proceder de una reforma que se estuviera realizando en alguno de los recintos de dicha cadena hotelera, la Policía Local solicitó la colaboración del Cuerpo General de la Policía Canaria para realizar una inspección en uno de los recintos hoteleros ubicado en el municipio de Mogán.
La inspección realizada por los agentes de la Policía Autonómica sirvió para comprobar que efectivamente se estaba realizando una reforma que incluía la sustitución de las bañeras y que sus características coincidían plenamente con las halladas en el barranco de San Lorenzo. Además, la empresa hotelera no pudo acreditar qué destino le estaba dando a las bañeras que había sustituido, una información que tiene la obligación legal de poner a disposición de las fuerzas policiales.
Sin embargo, la labor investigadora realizada por los agentes de la Policía Canaria sirvió además para comprobar que se estaban sustituyendo otros materiales como unas cortinas de características muy peculiares que semanas antes habían observado en un macrovertido realizado en un espacio cercano a la playa de Vargas del municipio de Agüimes, sobre un suelo protegido por su valor paisajístico.
Por ello los agentes regresaron a Vargas para realizar una inspección minuciosa del macrovertido, pudiendo hallar varios materiales como sábanas y cortinas que contenían etiquetas con el nombre comercial del hotel, además de otras 14 bañeras de similares características a las halladas en el barranco de San Lorenzo.
Por todo ello, la Policía Canaria y la Policía Local han formulado una denuncia contra el empresario por la comisión de los vertidos en los municipios de Agüimes y Las Palmas de Gran Canaria por el que deberá afrontar multas por cuantía de hasta 100.000 euros, además de la obligación de restituir el daño medioambiental causado.