Cabe recordar que el decreto firmado por el concejal de Policía y Recursos Humanos, Mencey Navarro suspendía de empleo y sueldo a cuatro policías locales por seis meses alegando que los agentes ejecutaron un precinto el día después al que fue previsto inicialmente.
En este sentido el pleno de marzo el Ayuntamiento de Mogán se vio forzado a votar a favor de la suspensión de las medidas cautelares que dejaban sin empleo y sueldo a los cuatro agentes de la Policía Local, que estaban en esta situación desde el pasado 1 de marzo.
La sentencia notificada a las partes el pasado 27 de junio será tomada en conocimiento en la junta de gobierno del Ayuntamiento de Mogán de este martes 3 de julio; en dicha sentencia concluye la magistrada que en “este casco falta la justificación o motivación de la decisión de la medida cautelar de suspensión de funciones de un funcionario público, esta debe venir vinculada a que resulte indispensable o muy necesaria para garantizar la normalidad del servicio público o para no perjudicar la instrucción al expediente, o que la suspensión tenga por finalidad asegurar la eficacia de la resolución sancionadora que pudiera poner fin al procedimiento, exigiéndose por una reiterada jurisprudencia que para fundamentar la medida de suspensión provisional no resulta suficiente una motivación genérica que no conecte la misma con el funcionamiento concreto del servicio público o con la posibilidad de entorpecer la instrucción”
El Partido Popular señala que esta no será la única sentencia que sea notificada contra el ayuntamiento en este asunto, puesto que próximamente se conocerá el fallo de las denuncias presentadas por los otros tres agentes afectados en este expediente, uno de ellos representante sindical. Además desde el Partido Popular se recuerda que en el mes de marzo se solicitó la comparecencia de la alcaldesa, Onalia Bueno, y el concejal del área afectada, Mencey Navarro, para que justificaran la apertura de los expedientes disciplinarios y la correspondiente suspensión de empleo y sueldo pero la primera teniente de alcalde, la socialista Pino González, salvó a sus socios de gobierno de comparecer y dar explicaciones aludiendo a la ley de transparencia.
Para Maicol Santana, portavoz del Partido Popular de Mogán, este nuevo varapalo judicial para Onalia Bueno viene a confirmar que la medida adoptada era totalmente desproporcionada a la par que abusiva y en este sentido ya son muchos los precedentes que hacen pensar que Ciuca-Psoe podrían estar utilizando la administración y sus mecanismos para ir contra los que no piensan como ellos, y esto es algo que no podemos seguir permitiendo.
