El profesorado y el resto de aspirantes no se merecen el desprecio y el maltrato que están recibiendo
La Consejería de Educación y Universidades ha agotado, hasta extremos inusitados, la paciencia del profesorado y resto de personas que intentan participar en los procesos selectivos (oposiciones 2018). En un alarde de incompetencia sin precedentes, la Consejería de Educación se ha empecinado en implantar un sistema de inscripción telemático improvisado y plagado de fallos que ha provocado que 1260 peticiones hayan sido excluidas del procedimiento, afectando a más de 1000 personas diferentes. Es la primera vez en la historia que se alcanza un número de excluidos tan desorbitado.
Pero los problemas no se quedan sólo en la descomunal cifra de personas excluidas. Desde un primer momento, el procedimiento ha adolecido de innumerables defectos e irregularidades, desde la intransigencia demostrada por la Consejería al no atender la petición unánime de las organizaciones sindicales de reducir el número de plazas convocadas, algo que finalmente se vio obligada a hacer por la demora en la aprobación de los presupuestos estatales pero que, de haberse mostrado razonable, podía haber tomado la misma decisión desde el mes de noviembre posibilitando que la convocatoria de oposiciones saliera con tiempo suficiente para que los aspirantes tuvieran más tiempo de preparar las pruebas sin verse, como ha ocurrido, con la incertidumbre hasta el último momento. Además, para la publicación de la convocatoria, la Consejería no tuvo en cuenta las aportaciones que desde el STEC-IC y otras organizaciones sindicales le trasladamos, dándose la aberrante circunstancia de que se nos hizo llegar el documento, de 212 páginas, media hora antes de la reunión en la que se iba a tratar.
El resultado de tanta cabezonería e improvisación, desoyendo todas las razones que desde la experiencia hemos aportado las diferentes organizaciones sindicales, es un panorama que no puede ser más desolador: caos absoluto durante la inscripción, más de mil personas excluidas, normativa sumamente confusa y plagada de errores, notas aclaratorias que generan más confusión que la norma que se pretendía aclarar, falta de información acerca de todo el procedimiento, fallos en los listados de admitidos y excluidos, errores en los nombramientos de tribunales con docentes que aparecen como seleccionables para tribunales de dos islas distintas, se saltan el acuerdo estatal de presentación simultánea facilitando el efecto llamada, no atienden la petición del STEC-IC de escalonar al máximo las pruebas, sobre todo en especialidades que habitualmente suelen ser compartidas por el mismo profesorado, calendario de exámenes desastroso obligando a algunas personas a pasar por hasta nueve horas de examen el mismo día y un lago etcétera.
Por poner un ejemplo bastante ilustrativo de la improvisación con que se ha actuado, según la convocatoria, las personas que se encuentran en situación de desempleo están exentas de la tasa de inscripción. Sin embargo, se exige que presenten un certificado del SEPE expedido con anterioridad a la fecha de la convocatoria, algo absolutamente absurdo puesto que nadie puede solicitar que se le expida un certificado con fecha atrasada. Posteriormente, la Consejería hace una aclaración y dice que admitirá los certificados que estén emitidos dentro del plazo de inscripción pero, finalmente, la mayoría salen excluidos porque interpretan que el certificado debe especificar que se estaba en paro antes de la publicación de la convocatoria cuando la propia convocatoria establece que todos los requisitos deben cumplirse antes del último día de plazo para la inscripción.
Ante tanto despropósito, al STEC-IC no le cabe la menor duda de que los responsables de este desastre no deben continuar al frente de la Consejería de Educación ni un día más y, por tal motivo, exige la inmediata dimisión de la Sra. Soledad Monzón, Consejera de Educación y Universidad, como máxima responsable de esta situación que avergüenza a toda la comunidad educativa de Canarias y nos convierte en el hazmerreír de todo el estado. Igualmente, exigimos la dimisión de quien desde el primer momento ha manejado los hilos de todo el proceso de negociación (si es que se le puede llamar negociación) de la Oferta de Empleo Público y de la Convocatoria de Oposiciones 2018. Nos referimos al Sr. David Pérez-Dionis, Viceconsejero de Educación, quien ha relegado a un papel irrelevante al Director General de Personal, a quien por lógica debería corresponderle esta negociación.
Para el STEC-IC, el excesivo protagonismo y la obstinación del Viceconsejero, unido a la excesiva permisividad y dejación de funciones de Consejera, han provocado esta bochornosa situación. El profesorado y el resto de aspirantes a las oposiciones no se merecen el desprecio y el maltrato que están recibiendo por parte de políticos que, ni tienen voluntad de diálogo, ni están a la altura del cargo que ostentan.
Canarias, 4 de junio de 2018
Secretariado Nacional del STEC-IC