La Viceconcejería de Administraciones Públicas del Gobierno de Canarias ha confirmado esta semana que ha emitido advertencia de impugnación judicial sobre varios decretos dictados por la Alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno ,en relación al nombramiento de dos nuevas auxiliares administrativos, por llevarse a cabo infringiendo el ordenamiento jurídico.
Esta advertencia de impugnación centra su atención en la necesidad de que concurran dos requisitos a la hora de llevar a cabo nuevos reclutamientos de personal : la excepcionalidad de la situación de hecho que justifica el acudir a dicha contratación , así como la existencia de necesidades urgentes e inaplazables. Por otra parte también se hace necesario que las categorías profesionales en cuestión sean prioritarias y afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.
En este sentido la Dirección General de Función Pública considera que el Ayuntamiento de Mogán ha omitido toda justificación a la hora de llevar a cabo estas contrataciones, y otorga un plazo de 10 días que expira este jueves 10 de mayo para que proceda a la anulación de ambos decretos o de lo contrario será la propia Dirección General de Función Pública la que llevará a cabo la impugnación de los mismos.
Para el Partido Popular lo alarmante es que esta medida dictada por la Viceconcejería de Administraciones Públicas y Transparencia, no sólo afectará a estos dos decretos ,sino que dejará abierta la puerta a la impugnación judicial de las más de 30 nuevas incorporaciones de personal que han tenido lugar sin la correspondiente justificación de los requisitos que se recogen la Ley 26/2009, Ley 39/2010 así como en la Ley 3/2017 para la incorporación de nuevo personal en el sector público.
Los populares moganeros culpan directamente a la alcaldesa Onalia Bueno y al concejal de personal Mencey Navarro de volver a saltarse la ley , obviando por completo los procedimientos legales que se exigen para la contratación de personal en el sector público.
Para el portavoz de los populares moganeros Maicol Santana, esta irresponsabilidad de la alcaldesa crea una clara indefensión e inseguridad jurídica y personal para todos aquellos nuevos funcionarios temporales que se han incorporado a los distintos departamentos municipales en este mandato a través de las distintas listas de reserva y además supone un nuevo golpe a la nefasta gestión de recursos humanos llevada a cabo por el bipartito Ciuca- Psoe, siendo la justicia la que ha actuado en numerosas ocasiones para tumbar traslados forzosos , ascensos a dedo, incrementos salariales arbitrarios a funcionarios simpatizantes del grupo de gobierno y mejoras laborales como la recientemente anulada al propio hermano de la alcaldesa.
