* La circulación, sin una autorización legal, de vehículos motorizados no destinados a labores agrícolas, forestales o de seguridad, campo a través o fuera de las pesitas delimitadas, o por cortafuegos, vías forestales, senderos, etc. comporta una infracción al Decreto Legislativo 1/2000 sobre Ordenación de Territorio en Canarias
* El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha tramitado 36 denuncias similares en los últimos 3 años
04 de noviembre de 2016.- Componentes de la Patrulla del SEPRONA de la Comandancia de Las Palmas han denunciado administrativamente, el pasado día 23 de octubre en el barrio de Los Giles de Las Palmas de Gran Canaria, a 4 conductores de vehículos todoterreno que circulaban por campo a través o zonas no habilitadas para ello.
Realizando labores de prevención de seguridad en la conservación de espacios naturales agentes del PACPRONA (Patrulla del SEPRONA), en la zona de los Giles el pasado día 23 de octubre, observaron a cuatro vehículos de tipo todoterreno que se encontraban circulando en una ladera de la zona, fuera de cualquier pista o camino habilitado para vehículos a motor.
Los agentes identificaron seguidamente a los cuatro conductores, requiriéndoles si disponían de alguna autorización para circular en esa zona y, al comprobar que no disponían de ella, se procedió a la denuncia administrativa de los mismos por una infracción al artículo 202 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
Dicha infracción puede acarrear multas económicas de 1.001 a 10.000 euros, en función del daño ocasionado al medio natural y su nivel de protección.
Además desde el año 2014 el SEPRONA ha tramitado 36 denuncias administrativas relacionadas con hechos similares en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, tanto al citado artículo como al 224.2.a. de la mencionada disposición normativa.
Todas las denuncias han sido remitidas al órgano encargado del correspondiente expediente administrativo sancionador, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias.