Cualquier persona que tenga conocimiento de un caso lo puede denunciar
Las llamadas no quedan reflejadas en la factura de los usuarios
La CEAPA reclama un paquete de medidas contra el acoso escolar más amplio
El teléfono contra el acoso escolar y malos tratos en el ámbito de los centros docentes, el 900 018 018, ha comenzado a estar operativo este martes 1 de noviembre para que alumnos, padres, docentes o cualquier otra persona pueda denunciar casos relacionados con este tipo de violencia en las aulas.
Funcionará las 24 horas del día, los 365 días del año y será gratuito y anónimo, ya que las llamadas no quedarán reflejadas en la factura de los usuarios, según detalló el Ministerio de Educación en la presentación del nuevo teléfono el pasado mes.
Las llamadas serán atendidas por una veintena de profesionales de psicología, juristas, sociólogos y trabajadores sociales y los usuarios con discapacidad auditiva o del habla dispondrán de un servicio de mensajería de texto así como la atención de un agente en lenguaje de signos por vídeo-chat o vídeo-llamada.
Cualquier persona que tenga conocimiento de casos de acoso escolar, tanto dentro como fuera del colegio e instituto (también los centros españoles en el extranjero) podrán denunciarlo en el nuevo teléfono, que también atenderá los casos de ciberacoso a través de internet, móviles y redes sociales.
El personal que atiende el teléfono lo pone la empresa adjudicataria AlacaláBC, que tiene un contrato con el Gobierno de un año de duración por un importe de 482.635 euros. Sin embargo, desde el Ministerio de Educación sostienen que el objetivo es que se renueve de forma sistemática para que no deje de funcionar en ningún momento.
Los profesionales derivarán los casos que estimen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la inspección educativa, centros de salud, Ministerio Fiscal y otras autoridades e instituciones competentes.
Un fichero de los casos
Para contabilizar esta lacra, que según datos de Educación afecta a alrededor del 4% del alumnado, también se ha creado un fichero de "Atención de casos de acoso escolar y malos tratos en el ámbito de los centros docentes del sistema educativo español".
La orden de creación de dicho fichero, aparecida en el BOE el pasado sábado, señala que su objetivo es la gestión de consultas y peticiones de ayuda relativas a casos de acoso escolar tras recogerse a través del nuevo teléfono, por correo postal, fax y formularios impresos y electrónico publicados en la web del Ministerio de Educación.
En el fichero se incluirán los datos identificativos de las personas que llamen, de la presunta víctima y del presunto agresor, edades, centros docentes y otras informaciones facilitadas por el comunicante y que resulten relevantes para gestionar los casos. Los datos solo serán utilizados para los fines expresamente previstos y por el personal debidamente autorizado, resalta la orden del BOE.
El teléfono arranca un año después de que el ministro Iñigo Méndez de Vigo lo anunciara en una jornadas sobre convivencia escolar convocadas por Educación.
Tras la aprobación del Plan de Convivencia Escolar el pasado enero, los pliegos del concurso han sido recurridos varias veces durante hasta resolverse las deficiencias detectadas. El pasado mes de agosto, el Consejo de Ministros aprobó la licitación del teléfono.
Colectivos en desacuerdo por las condiciones del servicio
No todos los colectivos están de acuerdo con la forma en que se ha gestado este teléfono. En concreto, el Consejo General de la Psicología ha alertado de que esta herramienta puede no ser atendida por estos profesionales sino por otro tipo de titulados universitarios.
Según ha explicado esta organización, en los pliegos de condiciones para la selección de la empresa que se hace cargo del servicio aparece la "expresión ambigua" de 'personal en posesión de una licenciatura o grado universitario en el ámbito de la Psicología', que, a su juicio, responde al "intento de colar como psicólogos a personas que no lo son, cuando hay en España titulados en Psicología de sobra".
También la Confederación Nacional de Personas Sordas de España (CNSE) ha advertido de los obstáculos que presenta la iniciativa de implantar el teléfono para atender casos de 'bullying' de cara a los alumnos que padecen discapacidad auditiva, y ha pedido que las opciones que se pongan en marcha para el alumnado sordo no incluyan "aquellas plataformas que pudieran comprometer su seguridad".
La CNSE señala que "existen mecanismos suficientemente testados por las propias personas sordas" que les permitirían usar el teléfono del mismo modo que el resto de denunciantes y asegurarían que pudieran recibir atención accesible tanto en lengua de signos como mediante cualquier otra modalidad comunicativa que necesiten.
Observatorio para la Convivencia Escolar
Otras organizaciones, como la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), mayoritaria en la enseñanza pública, han indicado que si bien no se oponen a este teléfono, consideran que no es la solución al acoso escolar o los problemas de convivencia en las aulas, sino que tiene que formar parte de un paquete de medidas más amplio.
"¿Dónde está la prevención del ministerio? ¿Dónde están los planes de convivencia?", se ha preguntado el presidente de CEAPA, José Luis Pazos, que ha denunciado que desde 2011 no se ha convocado el Observatorio para la Convivencia Escolar, creado en 2007 por el Gobierno socialista. Tampoco el departamento de Educación cuenta con datos actualizados sobre la incidencia de este problema en el sistema educativo, ya que los últimos son de 2010.
Precisamente, sobre la configuración de este Observatorio de Convivencia Escolar, el 'número dos' de Educación dijo en la presentación del teléfono contra el acoso que este departamento está estudiando la posibilidad de reducir sus miembros para que sea más operativo. Según el decreto que lo regula, superan los 70.
El Observatorio lo preside el ministro de Educación de turno y está integrado por miembros del departamento de Educación, de las 17 comunidades autónomas, Federación Española de Municipios y Provincias, sindicatos de enseñanza, patronales de centros privados y concertados, asociaciones de padres de alumnos, organizaciones de estudiantes, personalidades de reconocido prestigio, representantes de otros ministerios y secretarías de Estado y de defensores del Pueblo estatal y autonómicos.
No obstante, la norma establece una Comisión Permanente formada por 21 miembros que prevé que se reúna al menos dos veces al año con carácter ordinario. Sin embargo, ésta tampoco se ha convocado. Según Pazos, al ministerio "le interesa hablar de acoso, como si éste fuera el principal mal de la educación en España, y no de convivencia".