• El investigado, que regenta un negocio de alimentación del municipio de Santa Lucía de Tirajana, acusó de manera falsa a dos empleadas del negocio de hurtar en el mismo
30 de junio de 2016.- La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario, en Gran canaria, ha procedido el pasado día 27 a la investigación de una persona de 55 años de edad y de nacionalidad española, como presunto autor de un delito de denuncia y acusación falsa contra otras dos personas.
Denuncia del investigado
La Guardia Civil recibió una denuncia el pasado día 06 de mayo, por parte de la persona que posteriormente sería investigada, la cual denunciaba que dos empleadas del establecimiento donde trabaja le habían sustraído una serie de mercancías del negocio en cuestión.
Investigación
Los agentes, tras iniciar las correspondientes pesquisas para esclarecer los hechos, toman nueva manifestación al denunciante y posteriormente investigado, con el objetivo de ampliar la información sobre el suceso.
Tras tomar manifestación a varias personas relacionadas con los hechos, la Guardia Civil comprueba que entre la empresa y sus empleados hay una serie de desacuerdos laborales, y que en determinadas ocasiones aquellos, previo acuerdo verbal, se llevan a sus domicilios diferentes géneros o mercancías del negocio.
Además los agentes comprobaron como el investigado, a los tres o cuatro días de interpuesta la denuncia, requiere a la denunciada para que acuda al trabajo nuevamente.
Por todo ello la Guardia Civil, tras recopilar una serie de indicios sobre la posible falta a la verdad por parte del denunciante, investigó como supuesto autor de un delito de denuncia falsa al referido.
El investigado ha quedado a disposición del correspondiente Juzgado, en funciones de guardia, de la localidad de San Bartolomé de Tirajana.
Artículo 456 del Código Penal
En virtud al citado artículo, la Guardia Civil quiere recordar que las personas que, con conocimiento de su falsedad o faltando a la verdad, imputaren o culpasen a otra persona de hechos delictivos ante funcionarios judiciales o fuerzas y cuerpos de seguridad del estado, se pueden enfrentar a penas que oscilan entre diferentes intervalos de prisión o multas dependiendo del tipo de delito que refiera el denunciante.