Morales denuncia que este decreto penaliza y castiga a los agricultores de esta tierra que han hecho un esfuerzo enorme por invertir en renovables y reducir emisiones, modelo por el que tendría que apostar la Isla, por lo que lo calificó de una “enorme barbaridad”.
El apoderado de Soslaires Canarias, Juan Lozano, que abastece a 735 agricultores, explica que el decreto impone un impuesto fijo a la energía destinada al autoconsumo por la que hasta ahora no pagaba, que se hará efectivo en abril cuando expire el período de adaptación que fija el decreto, y otro tributo variable que se aplicará en 2019.
El Real Decreto 900/2015 de 9 de octubre, que regula las condiciones administrativas, técnicas y económicas de suministro de energía eléctrica con autoconsumo, determina que los consumidores que realizan autoconsumo deberán abonar peajes de acceso a las redes de transporte y distribución con contribución a la cobertura de los costes de dichas redes y serán abonados por la potencia contratada y la energía medida en el punto frontera asociada a ella.
Los productores recuerdan que ya tributan el 7 por ciento por la energía que venden, y que ahora, además tendrán que hacerlo por la que destinan al autoconsumo.
Además, el decreto determina que la potencia eléctrica contratada para la desaladora tiene que ser igual a la potencia eólica instalada en los molinos, lo que supone una inversión de más de 2 millones de euros para adaptar las instalaciones a las nuevas exigencias técnicas.
Así las cosas, el sector se verá forzado a triplicar el precio del agua para soportar el coste de la inversión, que pasaría de 50 céntimos el metro cúbico a 1.5 o incluso tres euros, cantidad que “nadie estará dispuesto a pagar”, la alternativa es cerrar la planta.
Los productores sostienen que el decreto, lejos de ayudar “nos echa de la energía eólica y del autoconsumo y nos obliga a engancharnos a la red eléctrica”, ya que si económicamente no pueden acometer las reformas, no podrán enganchar sus molinos y tendrán que comprar la energía a la red, alejándose así de los objetivos de las renovables que marca Europa.
La sociedad limitada Juliano Bonny Gómez cuenta con más de 800 trabajadores que desalan agua para el 90 por ciento de los cultivos de pepino de la Isla, mientras que Agragua, ubicada en el norte de Gran Canaria, también desala agua de mar con destino a las plataneras mayoritariamente.