El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, se reunió hoy en Madrid con el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, para abordar la situación de la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria. En el encuentro también estuvo presente la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento.
Madrid | 15-10-2015
ACFI PRESS
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria cierra con el Ministerio de Cultura la solución definitiva que evita el derribo de la infraestructura cultural ordenada por una sentencia judicial
“Después de años de incertidumbre hemos conseguido que la Biblioteca del Estado no se vaya a tirar y que el Ayuntamiento tampoco tenga que pagar indemnización alguna a los afectados y denunciantes”, manifestó Hidalgo
Las Palmas de Gran Canaria, jueves 15 de octubre de 2015.-
“La Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria está definitivamente salvada”. Así lo manifestó hoy el alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, tras cerrar con el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, la solución definitiva a la situación judicial de esta infraestructura cultural, afectada por una orden de derribo dictada por un juzgado y ratificada por el Tribunal Supremo, al considerar ilegal la licencia de construcción que le fue otorgada en 1999.
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria y el representante del Gobierno de España acordaron hoy en Madrid resolver el problema legal que atraviesa la Biblioteca del Estado desde hace años optando por aplicar una expropiación de los derechos de ejecución de la resolución judicial que condena a este edificio a la demolición. “Esta es una de las tres opciones que contemplábamos desde nuestra anterior reunión, en julio pasado, aunque es verdad que no es la que nosotros preferíamos porque abre la vía a una indemnización a los afectados”, explicó Hidalgo, “la buena noticia, al menos para nuestra ciudad, es que esas posibles indemnizaciones las va a asumir el Gobierno central y no el Ayuntamiento”.
El regidor recordó que las otras dos salidas que se barajaban para evitar el derribo de la Biblioteca han sido, primero, la de iniciar un expediente de expolio contra la sentencia que declara ilegal al edificio (la opción más valorada desde el gobierno municipal porque evita indemnizaciones), y en segundo lugar, la vía de la expropiación de derechos de ejecución de la sentencia a través de una ley del Parlamento canario. “Nuestra primera opción, la del expolio, no pudo llevarse a cabo porque el Ministerio argumenta que hay complicaciones jurídicas, pero ellos asumen como propia la expropiación de los derechos de ejecución de la sentencia y se hacen cargo igualmente de las posibles indemnizaciones, con lo que se da por resuelto definitivamente el riesgo de derribo de la Biblioteca”, manifestó Hidalgo. “lo importante de todo esto es que en cuatro meses este gobierno municipal ha cogido el toro por los cuernos y después de muchos años de incertidumbre y de incapacidad, especialmente durante los cuatro años del mandato anterior, repito, en cuatro meses hemos conseguido que la Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas de Gran Canaria no vaya a ser derribada y que, además, no le cueste un euro al Ayuntamiento en indemnizaciones”.
El alcalde Hidalgo explicó tras la reunión celebrada en la sede del Ministerio de Cultura, que cualquier recurso que se pueda interponer en el futuro contra esta decisión del Gobierno del Estado sólo afectará al proceso indemnizador, no la protección del edificio, que quedará plenamente garantizada una vez el Congreso apruebe la expropiación de derechos. “A diferencia de lo que hizo el gobierno anterior del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, esta no es una medida dilatoria, una solución a medias para ganar tiempo, con recursos al Constitucional que no llevaban a nada, esta es la solución definitiva”, añadió el regidor, “cuando nos reunimos con el secretario de Estado en julio dijimos que veníamos a buscar una solución definitiva y que la queríamos antes de fin de año y así ha sido, aquí la tenemos, no le hemos pasado la pelota a nadie, como hicieron otras corporaciones municipales”.
Hidalgo recordó también que este proceso al que hoy se pone punto final, comenzó en 1999 con una decisión “manifiestamente ilegal” del entonces alcalde de la capital grancanaria, y hoy ministro del Gobierno de España, José Manuel Soria. “Todos los problemas con la Biblioteca y todas las decisiones judiciales en contra del Ayuntamiento se debe a la nefasta política urbanística del PP en todos sus gobiernos municipales, una política que consistía en ordeno y mando sin hacer caso a los informes técnicos, por eso, la Biblioteca lleva diez años con el peligro de derribo rondando”, aseguró el regidor. El alcalde indicó también que el anterior gobierno del PP tampoco actuó con contundencia en este caso. “Al llegar al gobierno en junio, nos encontramos con una resolución del Tribunal Constitucional en la que se inadmitía la petición de amparo pedida por el PP para no derribar la Biblioteca”, relató Hidalgo, “y ya está, no existía ningún plan B para actuar en el más que probable caso, como así ocurrió, de que el Constitucional se inhibiera del asunto. Esa era la política del PP, la de ganar tiempo y no la de buscar soluciones definitivas”.