El gobierno municipal actuará en tres frentes: el jurídico, con un recurso de súplica; el político, con el Gobierno de España; y el de la negociación con los vecinos afectados
“Me niego a que la Biblioteca pueda ser derribada mañana, el año que viene o en cinco años. No me lo planteo”, aseguró la concejal de Cultura Encarna Galván
El Ayuntamiento capitalino ha activado todas las vías a su alcance para evitar el derribo de la Biblioteca Pública del Estado de Las Palmas de Gran Canaria, tras conocerse hoy una providencia por la que Tribunal Constitucional no admite a trámite el recurso de amparo presentado contra la sentencia del Tribunal Supremo, que en mayo del pasado año ordenaba la demolición de esta importante infraestructura cultural situada junto al parque de San Telmo.
Los concejales de Cultura, Encarna Galván, y Urbanismo, Javier Doreste, ratificaron hoy la firme voluntad del nuevo gobierno municipal para que la Biblioteca Pública del Estado no tenga que ser derribada ahora por un acto administrativo aprobado en 1997, y declarado ilegal por el Tribunal Supremo años después. “El derribo no lo contemplo. Me niego a pensar que la Biblioteca pueda ser derribada mañana, el año que viene, o dentro de cinco años. Ni hay fecha, ni me planteo ninguna fecha para su derribo” aseguró Encarna Galván.
Javier Doreste, por su parte, hizo hincapié en la responsabilidad política de los que tomaron la decisión de dar licencia a la Biblioteca Pública del Estado pese a la existencia de informes técnicos que lo desaconsejaban. “A esta situación no se habría llegado si un alcalde como el señor José Manuel Soria, y un concejal de Urbanismo como el señor Juan José Cardona, hubieran tomado en aquel momento las decisiones que tomaron, en contra de la opinión y de los propios informes de los técnicos municipales”, aseveró. Doreste opinó que este hecho ha originado un triple quebranto a la ciudad. “El poder político que gobernaba la ciudad en aquel momento conculcó las leyes y por eso ha causado un triple quebranto: un quebranto de moralidad, porque afecta a la moralidad de un ayuntamiento que la justicia se manifiesta contra una obra que no cumple con la legalidad; un quebranto económico; y un quebranto social porque esta es una equipación necesaria para la ciudad, al cual ni debemos ni podemos renunciar”, añadió.
Encarna Galván añadió que también se quieren explotar las otras dos vías. “Por la vía política, el alcalde de la ciudad ya ha mantenido conversaciones esta mañana con el Secretario de Estado de Cultura para reunirse en breve y tratar de encontrar una solución. Y, por último, creemos que debemos agotar la vía negociadora antes que nada, por lo que vamos a plantear muy pronto una reunión con los vecinos afectados para tratar de buscar un punto de encuentro y una solución satisfactoria para todos”, manifestó la concejal.
Javier Doreste recalcó también la vía negociadora como una de las grandes bazas para salvar la Biblioteca Pública del Estado. “Creemos que el diálogo tenía que haber sido un arma en la defensa de la Biblioteca mucho antes de llegarse a esta situación”, aseguró el concejal de Urbanismo. Doreste tampoco quiso olvidar el aspecto político de la situación jurídica en la que se encuentra este edificio. “Este asunto tiene una parte política que no vamos a dejar de denunciar ni de señalar en ningún momento, así que seguramente empecemos a tomar medidas también en ese campo. Para mí es muy grave que una orden de un alcalde y de un concejal pase por encima de los derechos de los ciudadanos como ha pasado aquí”, concluyó Doreste.