La Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad logró aflorar 180 millones de euros de fraude fiscal en 2014, lo que supone 20 millones más que el detectado el año anterior, según anunció hoy en sede parlamentaria el consejero Javier González Ortiz.
En torno al 70% de esta cantidad, 130 millones, procede de los controles realizados sobre los tributos relacionados con la importación de mercancías, es decir, el IGIC y el AIEM mientras que los 50 millones restantes se detectaron en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y en el de Sucesiones y Donaciones junto a otras actuaciones desarrolladas por los servicios de inspección.
González Ortiz explicó que el Gobierno de Canarias "tiene como eje estratégico de actuación la lucha contra el fraude fiscal, una conducta irregular que afecta a la financiación de los servicios públicos, distorsiona la actividad económica y provoca competencia desleal".
A este respecto, señaló que cada año se elabora un plan de control y gestión tributario que "en 2014 tuvo como principal objetivo combatir el fraude con medidas que abarcan no sólo la represión, sino actuaciones para su prevención, el control del cumplimiento ordinario de las obligaciones además de facilitar tal cumplimiento a empresas y ciudadanos".
El consejero subrayó que una de las líneas estratégicas del plan ejecutado el pasado año fue el avance en la colaboración con la Agencia Estatal Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social, especialmente en el intercambio de información, así como con las Fuerzas de Seguridad, las corporaciones locales y las instituciones profesionales y empresariales.
González Ortiz explicó que se desarrollaron acciones determinadas para cada área, con planes específicos para los tributos interiores y propios, para los tributos cedidos y para los impuestos a la importación, además de la puesta en marcha de medidas dirigidas a lograr una efectiva recaudación con un mayor seguimiento y control de las deudas y créditos tributarios.
También destacó que, junto a la persecución del fraude, se potenció el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Para ello, se incrementó el número de trámites que el contribuyente puede realizar a través de Internet; se ampliaron los recursos de la red de oficinas de atención al ciudadano; se crearon programas para asistir a pymes y autónomos; aumentaron en un centenar los efectivos destinados a la gestión de tributos; y se firmaron nuevos convenios de colaboración con colectivos profesionales como los notarios.
Por otro lado, las actuaciones de la Consejería se centraron en someter a revisión todas las declaraciones presentadas por los contribuyentes mediante el cruce de información, intensificar el control sobre sectores y actividades de mayor riesgo y potenciar la investigación patrimonial de los deudores para lograr una efectiva recaudación.
Por último, el consejero consideró que la línea ascendente iniciada en el afloramiento del fraude se incrementará con la reciente creación de la Agencia Tributaria Canaria, "que nos dota de un nuevo modelo organizativo más eficaz para la gestión e inspección con el fin de maximizar la recaudación y fortalecer las estructuras para combatir el fraude".