La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Fuerteventura ha imputado a la dueña de una protectora de animales en la isla que responde a las iniciales de G.C., de nacionalidad extranjera, por un presunto delito de maltrato animal, al poseer en su propiedad varios animales domésticos con lesiones y en condiciones que menoscaban gravemente la salud de los mismos.
Esta imputación se realiza después de que el 7 de julio, junto con la autoridad judicial correspondiente, la Policía Local de Puerto del Rosario y el veterinario de este municipio, realizaron una entrada y registro en las instalaciones de una protectora de animales en el barrio de Los Estancos.
La entrada y registro se produjo a raíz de dos denuncias, de 2 y 4 de julio, donde se informaba de la supuesta existencia de decenas de animales en malas condiciones en una protectora de animales en Puerto del Rosario y ante la posible existencia de un delito de maltrato animal, agentes del Seprona se desplazaron al lugar para comprobar los hechos y realizar la correspondiente inspección, a lo que en un primer momento la propietaria de la protectora se negó, según informó la Guardia Civil en nota de prensa.
Posteriormente, y tras la negativa de la dueña a esa inspección, se solicitó al correspondiente Juzgado coordinador de la investigación un oficio de entrada y registro, acción que se llevó a cabo este jueves, pudiéndose comprobar que las instalaciones "no eran las adecuadas, no reuniendo el establecimiento las medidas higiénicas sanitarias preceptivas y observando como varios canes presentaban claros síntomas" de diversas enfermedades y malnutrición, otros heridas y se constató la presencia de pulgas y garrapatas en los mismos.
En total se hallaban en ese momento 96 ejemplares, de los que 75 eran canes adultos y 10 cachorros. Del total, 85 han sido incautados y puestos a disposición de la autoridad municipal competente para su conservación.
Por ello, los agentes del Seprona imputarán a la dueña de las instalaciones por un supuesto delito de maltrato animal, delito que puede conllevar penas que van desde los 3 meses a 1 año de prisión, así como una inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.
Asimismo, se comprobará, mediante la base de datos ZOOCAN (Registro Canario de Identificación Animal), las identificaciones de los animales incautados mediante los preceptivos microchips, para comprobar si sus legítimos dueños han presentado las correspondientes denuncias por su sustracción o desaparición.
En el caso de que los propietarios lo hayan denunciado, se procederá a contactar con los mismos para que retiren el animal, en el caso contrario, serán denunciados a la correspondiente legislación, tanto la Ley autonómica de Canarias 8/1991, de 30 de abril, de Protección de los Animales, como la Ley estatal 50/1999, de 23 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
Finalmente, se ha realizado el correspondiente atestado policial para el Juzgado de Instrucción competente, de la localidad de Puerto del Rosario, y para la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas.