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Los sindicatos citan al Gobierno canario y a Movistar ante el Tribunal Laboral Canario.
Los trabajadores de la empresa Emergia, que presta servicios exclusivos de call center a Movistar, inician este lunes 3 de agosto una huelga indefinida una vez que han dado por rotas las negociaciones que mantenían con la empresa en el Tribunal Laboral Canario. Los sindicatos convocantes, la Federación de Servicios de UGT y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias, denunciaron este viernes la falta de disposición de la empresa a resolver el conflicto por negarse a la liberación laboral de los trabajadores afectados por las negociaciones que se han venido celebrando durante este mes.
Los sindicatos recuerdan que el pasado 10 de julio se alcanzó un acuerdo con la empresa para iniciar negociaciones tendentes a resolver el conflicto. La primera de estas reuniones se celebró el día 15 de este mes, alcanzándose el compromiso, por parte de Emergia, de que los trabajadores que participaran en las reuniones estarían liberados de sus obligaciones laborales. En la siguiente reunión, celebrada el día 24 de julio, la empresa decide romper unilateralmente este acuerdo, al tiempo que se niega a proporcionar a los trabajadores los documentos que estos habían solicitado para llevar a cabo su labor. Durante estas negociaciones, en acto de buena voluntad, los trabajadores habían suspendido sus movilizaciones. Ante la ruptura unilateral de los acuerdos, los trabajadores reanudarán a partir del lunes las acciones de reivindicación, que ahora tendrán carácter indefinido
Los sindicatos recuerdan que Emergia es una empresa subvencionada, por lo que han pedido al Tribunal Laboral Canario que convoque a la Consejería de Empleo del Gobierno canario y a la empresa Movistar, como cliente exclusivo de Emergia. Se trata de una empresa que recibe una subvención de más de 662.000 euros y que está acogida a los beneficios de la ZEC, con lo que el dinero público está sirviendo para amparar a una empresa “con relaciones laborales más propias de otras latitudes”. Además, la Consejería Empleo subvenciona los cursos de formación y contribuye económicamente por cada contratación. El servicio se puso en marcha en el año 2012 y se vendió con todo lujo a la opinión pública como “la solución al paro en Canarias”, cuando en realidad se trata de “el colmo de la precariedad y el maltrato laboral”.
Los motivos del conflicto radican en que la empresa supera con creces los registros de lo que es intolerable en las relaciones laborales. A este respecto, se ha dado el caso de hasta 80 trabajadores de baja y la necesidad semanal de que acuda una ambulancia al centro de trabajo para atender a un trabajador. Estas bajas son, en su más alto porcentaje, casos de crisis de ansiedad motivadas por el control abusivo que se ejerce sobre la actividad de los trabajadores y unos parámetros de evaluación que solo pueden ser calificados de “demoníacos”. Se penaliza incluso a los trabajadores por extenderse cinco minutos en la jornada laboral por estar atendiendo a un cliente, o que los trabajadores deben estar veinte minutos antes para poner en marcha los equipos y poder fichar cuando comienza su turno, porque si se retrasan un solo segundo serán penalizados.